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Colonización mediática

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Los pueblos indígenas latinoamericanos, organizados a través de movimientos sociales e instituciones de gobierno propio, han propuesto formas de política radical que rompen con las dinámicas de explotación y discriminación inherentes al capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Desde inicios de la década de los setenta e incluso antes, las comunidades indígenas han adoptado el rol de actores políticos. Es así como han presentado iniciativas que trastocan los fundamentos de los gobiernos que operan en torno a la desigualdad, la exclusión y la violencia política.

Entre mediados de los ochenta y principios de los noventa, los pueblos indígenas se movilizaron para promover transformaciones constitucionales que les permitieran participar en procesos de toma de decisiones y ser ciudadanos plenos. Asimismo, se organizaron políticamente para demandar garantías en el ejercicio de sus derechos tanto individuales como colectivos. Los procesos constituyentes donde se incorporaron el pensamiento, las creencias y las prácticas políticas indígenas continúan siendo vigentes en América Latina. Esto se ha visto en países como Ecuador y Bolivia, cuyas constituciones incluyen principios de vida como la paz, el reconocimiento de la diversidad cultural, el sumak kawsay (buen vivir), la mención a la Pacha Mama, y el aporte de las organizaciones étnicas, sindicales y sociales a la construcción de la nación.

Colombia también contó con un proceso constituyente donde los pueblos indígenas y las organizaciones étnicas tuvieron un protagonismo importante. Como producto de sus luchas y resistencias históricas, cuestiones relativas al derecho a la autonomía y al territorio fueron discutidas en la deliberación nacional que llevó a la promulgación de la Constitución Política de 1991. En el texto constitucional vigente se encuentra plenamente reconocida la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (art. 7). Paralelamente, se establecieron circunscripciones electorales para garantizar la participación indígena al interior del Congreso de la República, jurisdicciones especiales, y entidades territoriales como los resguardos y los cabildos. Dentro de dichas entidades las comunidades indígenas tienen derecho a gobernarse conforme a su propia cultura y leyes.  En ese escenario de reconocimiento la Corte Constitucional ha tenido un papel trascendental, ya que con su accionar ha contribuido a armonizar el derecho estatal (liberal, moderno, occidental, eurocéntrico), y los modelos de justicia de los pueblos indígenas.

Si bien los derechos concedidos a las comunidades indígenas no se han concretado en la práctica de la manera esperada, es posible decir que se han convertido en una herramienta de reivindicación para estas. Por ejemplo, sus posicionamientos a favor de una salida negociada al conflicto armado en Colombia y sus propuestas de construcción de paz se encuentran atravesados por los derechos a la autonomía, el respeto por el territorio y el cuidado de la naturaleza. Particularmente, las mujeres indígenas han apoyado las luchas de sus comunidades afirmando que sin una defensa de la vida y sin justicia social la paz no se materializará en los territorios. Lo que esto refleja es que cualquier iniciativa de paz en el postacuerdo debe contar con un enfoque de derechos. Al mismo tiempo, la construcción de una paz sostenible en el tiempo requiere desmantelar políticas depredadoras de los territorios indígenas y los recursos naturales.

Se puede afirmar que las iniciativas de paz y de cambio político que proponen los pueblos indígenas no sólo son transgresoras, sino también amenazantes para algunos sectores políticos interesados en la acumulación vía explotación, expropiación y violencia.  En el caso específico de los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia, Boaventura de Sousa Santos mencionó que hay un fenómeno de demonización de la justicia indígena. Esto ciertamente se refleja en el tratamiento mediático que reciben algunos casos en los que se aplica la misma.

La radicalidad de la política indígena es temida por las voces anti-derechos que buscan atacar el proceso de paz actual. Estas voces, tristemente, se encuentran en los medios de comunicación oficiales en Colombia. Existen periodistas que, pasando por alto el peso del legado colonial y los derechos garantizados a los pueblos indígenas, llaman a la intervención estatal –frecuentemente abrupta y violenta– en sus formas de gobierno autónomo. Con esto pretenden impulsar un desmantelamiento de las justicias indígenas colombianas a partir de su demonización. Y esto lo hacen sobre la base de estigmatizaciones que corren en las redes sociales, en los programas radiales y en los noticieros de televisión.

A principios de este año el periodista Herbin Hoyos afirmó desde su cuenta de Twitter que la guardia indígena debía ser regulada por el Estado. Ignorando que los pueblos indígenas y las organizaciones étnicas han establecido protocolos para definir quién integra la guardia y que esto hace parte de su autonomía, Hoyos invita a la intervención estatal en la conformación de organismos indígenas. Este pronunciamiento tuvo como contexto un conflicto entre militares e indígenas, que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. El cubrimiento de este hecho también reflejó un claro desequilibrio informativo en favor de las fuerzas militares.

Los trinos de Hoyos sobre los pueblos indígenas portan estigmatizaciones. Así, el periodista también ha sostenido que “las Farc utilizan a la guardia indígena para atacar a la fuerza pública”, lo que hiere profundamente la memoria del conflicto armado de las comunidades. Vale la pena recordar que los pueblos indígenas han sido uno de los sujetos colectivos más dañados por el conflicto armado, y sí, por las Farc. En este sentido, es un irrespeto absoluto ponerlos en el mismo lugar del victimario. Además, decir que un grupo guerrillero “usa indígenas” reproduce esa visión de los pueblos originarios como “menores de edad” que fue instalada en las Américas gracias al proyecto colonial.  En un contexto de asesinato sistemático de líderes sociales donde no hay procesos judiciales encaminados a establecer la verdad de los hechos (¿quién fue?, ¿cómo?, ¿por qué?), este tipo de afirmaciones convierte a los pueblos indígenas en objetivos fáciles. Esto contraviene todo propósito de paz; también toda apuesta por las víctimas como la que lidera Hoyos.

En el momento político actual urge un periodismo honesto, informado y con disposición de desarmar a la sociedad. Requerimos periodistas que vuelvan a los libros y medios críticos comprometidos con descolonizar las prácticas habituales de hacer comunicación en Colombia. Para esto se necesita conocer las historias y las experiencias de vida de los grupos humanos que han sido históricamente oprimidos por el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Los periodistas que asuman esta apuesta por conocer al otro seguramente contribuirán a politizar a la sociedad colombiana, no a destruir sus alternativas de transformación.

Vivian Martínez Díaz
@VivianMartDiaz

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