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Kiko, el condenado.

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“La política es la cañería por donde corren plácidamente los excrementos de la sociedad”. Jaime Giraldo Ángel. Mi padre.

En un país cuyos niveles de impunidad histórica oscilan entre el 93% y el 97%, es decir, que de cada 100 crímenes solo se esclarecen y se castigan entre tres y siete, resulta alentador saber que un político en ejercicio fue condenado con una de las penas más altas dispuestas en el Código Penal Colombiano. Porque si la impunidad funciona con índices lamentables para la sociedad en general, para los políticos es especialmente generosa, permisiva y grotesca.

Ese político condenado se llama Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como “Kiko” Gómez. Fue capturado en octubre de 2013 mientras ejercía como gobernador de la Guajira a nombre del partido Cambio Radical, que le dio el aval con este propósito para el período de 2012 a 2015. Después de la investigación y el juicio, Kiko Gómez fue condenado por un juez a 55 años de prisión por tres homicidios, el de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, fortín político de Gómez, su esposo y un escolta, en hechos ocurridos en el transcurso del año 2008. Sin embargo, el periodista Gonzalo Guillén, quién se atrevió a desenmascarar al “honorable” gobernador, afirma que Gómez ordenó al menos 130 asesinatos.

Mi intención no es recabar en los elementos del proceso penal ni en el historial delictivo de Gómez Cerchar. Pero sí me interesa dilucidar cómo es posible que una persona de esas precarias calidades éticas, morales, sociales y personales, pueda llegar a un cargo tan importante y trascendental en la historia de una región como el de gobernador, aún más para un departamento tan vapuleado y deprimido como la Guajira, aquejado por innumerables problemas sociales, económicos y políticos, en donde solo el año pasado murieron más de 70 niños de la etnia wayúu por desnutrición.

De acuerdo con la información brindada por el portal Verdad Abierta (Ver: Las confesiones que tienen a ‘Kiko’ Gómez en la cárcel), la conducta criminal de Kiko Gómez era conocida desde la década de los 90’s en complicidad con el primo de su esposa y amigo “Marquitos” Figueroa. Por eso es inconcebible entender cómo fue que el partido Cambio Radical le diera el aval para su campaña a la gobernación. Si bien Carlos Fernando Galán, presidente del partido en aquel momento, intentó revocar dicho aval ante la inminencia de una investigación por paramilitarismo contra el candidato, el Consejo Nacional Electoral lo mantuvo con argumentos legales. Sin embargo, una vez Gómez fue elegido gobernador, el líder natural de ese partido fungiendo como ministro de vivienda para la época, Germán Vargas Lleras, no tuvo inconveniente en compartir escenarios políticos fraternos, victoriosos y emotivos con el hoy condenado, repartiendo esas “casitas” para los más necesitados en la Guajira. Son muchas las fotografías en las que se ve a Vargas Lleras con Kiko Gómez en una actitud amigable, empática y solidaria.

Y como si darle este aval a Gómez fuera incomprensible, raya en el descaro, el cinismo y la mala fe el aval otorgado también por Cambio Radical a Oneida Pinto como candidata para la gobernación en 2015, heredera natural del caudal político de Gómez. Pinto, que fue la ganadora, fue destituida por una inhabilidad y está siendo investigada por varios crímenes, para variar.

El de Kiko Gómez es solo un ejemplo de la connivencia entre el crimen y la política en una relación simbiótica de necesidad entre el poder, que necesita la política, y la impunidad, que requiere el crimen. Ese es el cóctel macabro de la dominación en Colombia en casi todas las regiones y a casi todos los niveles. Por eso la palabra “política” es el sufijo natural que complementa la criminalidad organizada del país. “Parapolítica”, “farcpolítica”, “narcopolítica”, “bacrimpolítica”, son etiquetas con la que los medios han bautizado los escándalos que combinan estas dos actividades cuyas fronteras ya son prácticamente imperceptibles.

La corrupción en Colombia no solo implica una apropiación privada de los recursos públicos. Además, comporta un elemento de violencia sistemático, articulado y disuasivo que somete a poblaciones enteras a los deseos, caprichos, intereses de políticos y criminales que hacen alianzas estratégicas para gobernar al país. Además, esta corrupción soportada por la violencia afecta a todas las ramas del poder público, incluso a la judicial, que si bien no cuenta con funcionarios elegidos por voto popular, sí son elegidos por los miembros del Congreso que se favorecen al tener fichas manipulables en las altas cortes. Jorge Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional, es un ejemplo claro de esta corrupción enquistada en el poder judicial.

Salvatore Mancuso, comandante paramilitar extraditado a los Estados Unidos, reconoció que el 35% del Congreso tenía nexos con ellos. Por cuenta de este escándalo hay una cifra importante de exlegisladores investigados y condenados de casi todos los partidos políticos. A nivel regional, los pactos de ralito, del nudo de Paramillo, entre otros, fueron vulgares reparticiones de los recursos públicos entre los políticos de la zona y los paras. Y así también ha funcionado con la guerrilla y con las bandas criminales en muchas regiones del país.

El caso de Kiko Gómez es importante porque una condena severa resulta en serio ejemplarizante para un político criminal. Pero más allá de la responsabilidad individual prevista por el derecho penal, no se percibe ninguna consecuencia a nivel político. El partido Cambio Radical se escuda en el intento inoficioso de su presidente por revocar el aval para zafar la responsabilidad. Si bien Gómez fue expulsado del partido cuando ya tenía el agua al cuello, como Gobernador siempre contó con la venia y el apoyo de Vargas Lleras hasta que fue inocultable su prontuario criminal. Además, al interior de Cambio Radical todos saben que Vargas Lleras es como un dios y que sin su voluntad “no se mueve la hoja de un árbol”. Mucho menos la orden de un aval para una gobernación. Pero ya está claro que a nivel legal no habrá consecuencias para ese partido y que tampoco habrá sanciones por darle el aval a Oneida Pinto porque la falla fue una inhabilidad y no un delito.

Sin embargo, a pesar de que la ley se queda corta para sancionar a los partidos políticos que avalan criminales o que se soportan en estructuras criminales para conseguir votos, hay una generación de investigadores y periodistas valientes que a costa de su tranquilidad, integridad y vida han evidenciado estos nexos malditos y los han desnudado ante la opinión pública. Como ya lo mencioné, en el caso de Kiko Gómez fue Gonzalo Guillén quién asumió este riesgo. A él se suman nombres como Ariel Ávila, Claudia López antes de pasar a la palestra política, Juan Diego Restrepo y todo el equipo de Verdad Abierta, Daniel Coronell, el joven Gustavo Rugeles y muchos otros que han asumido la tarea valiente y patriótica de abrirle los ojos a los ciudadanos para evidenciar el matrimonio corrupto entre la politica y el crímen. Muchos y muchas ya han ofrendado su vida, sobre todo en las regiones en donde están desprotegidos y a merced de sus victimarios.

La condena de Kiko Gómez da esperanza y entusiasma. Si bien la mayoría de las denuncias de estos nexos quedan en la impunidad o se tranzan con unas penas irrisorias, complacientes y débiles, este caso sacudió el imaginario arraigado de que “ser pillo paga”. 55 años de cárcel no es una pena menor en un país en donde el tope máximo es de 60. Esto sin duda animará a estos valientes para hacer más denuncias y así esperar resultados similares. Por fin hay un asomo de justicia en Colombia, en donde los criminales y los políticos entonan a grito herido los corridos norteños en las fincas que han usurpado a los campesinos para celebrar con los tragos más caros sus fechorías.

Quizás aún nos demoremos más para que de verdad los partidos que avalan a los criminales asuman sanciones reales y severas por intermedio de la ley. Por lo pronto, la única manera de castigar a estas fábricas de avales corruptos, convenientes y funcionales a la política y al crimen llamados partidos políticos, es a través del voto ciudadano. El castigo real está en las urnas y los llamados a aplicar justicia somos los electores. Nosotros tenemos que hacer que el esfuerzo de estas personas que han evidenciado los nexos entre la política y el crimen valga la pena. Que el sueño, la tranquilidad, la integridad y las vidas que se han perdido en esta cruzada encuentren su recompensa en nuestro voto consciente, honesto y responsable. Es nuestro deber establecer con nuestro criterio esas responsabilidades y ejercer el derecho al sufragio en consecuencia. Esa es la única manera efectiva para romper esa relación maldita que se mueve con los hilos del poder silenciosa pero efectivamente desde Bogotá, esos hilos que llegan a cada rincón del país y que nos tienen sometidos a la más atroz criminalidad, al más aterrador dominio de la corrupción, que nos condena a que todo siga igual con nombres tan mentirosos, contradictorios y pomposos para hacer política como “Cambio Radical”.

Andrés Felipe Giraldo
@andrefelgiraldo

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